Google presenta la sentencia como lo que realmente es: algo que va mucho más allá del caso específico, y que se convierte en una verdadera victoria de la red. Las consecuencias de una sentencia en sentido contrario podrían tener un efecto devastador: estaban en liza aspectos tan fundamentales como la responsabilidad de los prestadores de servicio sobre los contenidos que alojan, o la obligación de los propietarios de derechos de ser ellos mismos quienes identifiquen los contenidos sobre los que presuntamente existe una infracción. Lo comenta también Javier Arias, que testificó en las vistas del caso.
La reclamación de Telecinco pretendía cuestiones tan demenciales como que todo contenido que mencionase términos como Telecinco, títulos de series y programas o nombres de actores y actrices fuesen directamente excluidos de la plataforma de YouTube, sin atender a cuestiones tan fundamentales como el derecho a cita o parodia, o al más puro sentido común (que una serie tuviese sus derechos cedidos a entidades que sí permiten su publicación en YouTube, o que un actor o actriz pueda intervenir en múltiples obras). Un fallo a favor del demandante convertiría el funcionamiento de plataformas como YouTube, que tan importantes resultan a la hora de proporcionar a los usuarios herramientas para publicar materiales en la red, en algo de funcionamiento completamente imposible. Como en su momento comenté al hilo de la vista preliminar,
La propia Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) sostiene, en su artículo 16, la no responsabilidad de las empresas que prestan servicios de intermediación con respecto a los contenidos que transmiten, alojan, o a los que facilitan acceso si no participan en su elaboración, supuesto en el que claramente se encontraba YouTube. Pretender establecer una responsabilidad semejante supondría una carga sobre las labores de las empresas prestadoras de servicios que a todas luces no podrían asumir: en primer lugar, por el volumen inherente a sus actividades y la naturaleza de las mismas, pero en segundo lugar, por la carencia de criterios válidos con respecto a los juicios de valor que sería preciso hacer en cada caso. Como ocurre en otros casos, como en el de las páginas personales o blogs, hacer responsable al propietario de la página de lo que terceros vierten en ella supone una situación de indefensión jurídica absoluta, porque supone al prestador del servicio la capacidad para tomar las decisiones, en muchos casos complejas, con respecto a dichos contenidos, y porque le deja en manos de la posible mala intención de los propios demandantes, que podrían introducir materiales o comentarios ellos mismos provistos de identidades falseadas.”
En la sentencia, alguna frase de esas que da gusto leer:
El reto de los emprendedores en la nueva economía no consiste tanto en proteger los derechos adquiridos como en crear valor en la difusión de esos contenidos, porque la marcha de los tiempos evidencia la esterilidad de toda barrera artificial.”
La sentencia se alinea con fallos anteriores en países como los Estados Unidos, tales como el caso IO Group contra Veoh o el más reciente de Viacom contra YouTube, sobre los que hemos tenido la oportunidad de hablar anteriormente. Y por supuesto, se alinea con el sentido común: como corrosivamente decía una de las cuentas falsas de Telecinco en Twitter, la demanda parecía planteada mucho más como un modo de extorsión económica a un tercero que como una petición razonable o mínimamente sustentada. Si Telecinco quiere ejercer sus derechos de autor, cuenta con herramientas para hacerlo. Pero de ahí a pretender estrangular el funcionamiento de las herramientas que hacen que todos podamos tomar un papel activo y convertirnos en emisores en la sociedad de la información, va un trecho muy importante. Un trecho que el juez, D. Andrés Sánchez Magro, ha sabido identificar y proteger.
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