William Chamorro Melo, juez laboral de Buenaventura, investigado por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, huye de la justicia.
Los terceros supuestamente favorecidos, según los investigadores, eran los abogados Ómar y Armando Cabrera Polanco y su socio, Jeiner Guilombo Gutiérrez, señalados como 'cerebros' del robo a la entidad.
Además del extraño trámite que tuvo esa tutela, en la que la Caja prácticamente no tuvo oportunidad de defenderse, el juez deberá explicar por qué en una caleta de la casa de Armando Cabrera, allanada en Neiva, se encontraron dos letras de cambio a su nombre. La primera por 20 millones de pesos, y la segunda por 10 millones. En las dos aparecen su firma y cédula.
Esos papeles serían la prueba de que el ex juez Chamorro "recibió dineros de uno de los procesados".
La Fiscalía también investigará a Gustavo Hernández Sierra, un juez de Ibagué que condenó a Cajanal a pagar otra millonaria tutela y quien, según el DAS, recibió plata de los abogados que montaron el carrusel de demandas pensionales. Un juez de Pitalito también está enredado.
"Los fallos que condenaron a Cajanal son producto de manifiestas irregularidades en varios despachos judiciales", aseguró la Fiscalía a comienzos de este mes, cuando llamó a juicio a Armando Cabrera y a Guilombo por enriquecimiento ilícito.
Frente al caso de una juez de Bogotá que cerró por duda el proceso contra el abogado Ómar Cabrera y su esposa, la Fiscalía insiste en que hay una relación directa entre las oficinas de abogados de los dos hermanos, que funcionaban en Neiva y Bogotá.
Uno de los documentos hallados en una propiedad de Armando Cabrera dice: "(A) Ómar Cabrera se le ha dado"... Luego vienen varias sumas entre los 100 y los mil millones de pesos.
REDACCIÓN JUSTICIA
1 comentario:
El desfalco a Cajanal es el reflejo de la desorganización administrativa que impera en las organizaciones estatales, lo cual brindó la oportunidad a profesionales del derecho para delinquir, especialmente los carteles conformados por funcionarios, abogados y jueces de la república.
Este hecho delictivo le genera verguenza al Departamento del Huila y esperamos que los entes de control investiguen a profundidad y continuen con la labor de fiscalización en el manejo adecuado, oportuno, eficiente y eficaz del tesoro nacional.
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